Oficiales del Departamento de Investigaciones de Fraudes de la Policía Israelí llegaron este Viernes a la residencia oficial de Olmert en Jerusalén, luego de haber obtenido un permiso especial del Asesor Jurídico del Gobierno para llevar a cabo una investigación de urgencia.

Durante más de una hora, el Primer Ministro fué interrogado bajo advertencia por sospechas que no fueron expresamente explicadas al público.

Pero el diario Yediot Aharonot publica ésta mañana que aún antes de asumir al cargo de Primer Ministro, ocupando el puesto de Ministro de Industria y Comercio en el gobierno de Ariel Sharon, Olmert habría recibido grandes sumas de dinero en efectivo de un rico hombre de negocios estadounidense que tiene negocios también en Israel.

El empresario, cuyo nombre no fué revelado, estaría ahora en Israel y habría sido ya interrogado.

Un portavoz oficial dijo que el Primer Ministro se dispone a cooperar abiertamente en el cumplimiento de la Ley y espera que al igual que en el pasado, una vez aclarada la verdad en el marco de la investigación, se borrarán las sospechas en su contra.

La diputada laborista Shely Iechimovich, miembra de la coalición de gobierno, dijo que ante la cantidad de investigaciones en su contra, Olmert debe suspenderse en su cargo:  “La lista de investigaciones difíciles por sospechas de soborno y otros actos criminales que se mantiene contra el Primer Ministro Ehud Olmert no tiene precedentes en su cantidad, en su amplitud y en sus ramificaciones y la cantidad de involucrados.  El primer Ministro está embarrado hasta la garganta de investigaciones criminales, a nivel mundial”, dijo la diputada.

La pesquisa por las actuales sospechas en su contra es uno de los tres casos contra Olmert.  Otro de los casos, la adaptación de una licitación para la compra del Banco Nacional a favor de dos amigos, fué cerrado por falta de pruebas suficientes.

Otra de las investigaciones contra Olmert es en torno a un importante descuento en la compra de una casa en Jerusalén a cambio de acelerar proyectos del constructor.

La tercera es en torno a la designación de cargos oficiales a allegados políticos, algo que la ley prohibe aquí.